"Lo volverán a hacer y les saldrá más barato", por Edmundo Bal

Raúl Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Josep Rull, tras salir de la prisión Europa Press

Durante unos años Edmundo Bal fue elegido para presidir la Asociación de Abogados del Estado.

También participó en las causas contra Jordi Pujol y de la trama Gürtel.

Edmundo Bal, mientras se dirigía a Dolores Delgado
desde la tribuna de oradores. Víctor Lerena Efe

En diciembre de 2018, la directora de servicio jurídico del estado, Consuelo Castro, sustituyó a Edmundo Bal por Rosa María Seoane,​ que en aquel momento era secretaria general de Adif, como representante por el Juicio al proceso independentista catalán. La sustitución se hizo después de que Bal se negara a omitir la violencia del delito de sedición. La falta de violencia implicaba que las penas pedidas para Oriol Junqueras pasaba de 25 años a 12 años. Edmundo Bal se negó a dejar de recoger en los escritos de acusación los hechos que implicaban violencia. Tras su destitución declaró "¿Sabes qué pasa? Que no soporto las presiones de los políticos a los funcionarios públicos que solo quieren hacer su trabajo. No soporto la mentira" 

Como si perturbar el orden público fuera lo mismo que subvertirlo desde el poder, como hicieron en 2017.

Y en Alemania, una conducta como la descrita se llama rebelión y se castiga entre 10 años y cadena perpetua, que no les engañe este tipo

Un año más con Sánchez puede ser un año letal para la salud de la democracia española

Lo volverán a hacer y les saldrá más barato                                                por Edmundo Bal

Es grave, pero es así: el presidente del Gobierno no sólo está renunciando a las herramientas democráticas para salvaguardar los derechos y libertades del pueblo español, sino que las está desguazando No tengo palabras. Acabo de escuchar las palabras de Pedro Sánchez, en La Sexta, diciendo que va a derogar el delito de sedición, para homologarnos con los países de nuestro entorno, sustituyéndolo por el delito de desórdenes públicos. 

-¿Y no será esto una concesión para que le aprueben los Presupuestos?- pregunta Antonio García Ferreras. 

- Noooooooo- responde él, alargando la sílaba. Sin movérsele un pelo, sin ponerse colorado, porque piensa que todos somos tontos.

Es difícil escribir sin dejarse llevar por las vísceras cuando uno recibe, pese a las advertencias, la confirmación de una de las mayores infamias, otra más, que va a perpetrar el Gobierno de Pedro Sánchez contra España, a saber: la supresión del delito de sedición de nuestro Código Penal y su sustitución por el delito de desórdenes públicos, que ya existe en el Código.

La sedición es el delito que protege el orden público de los ataques más furibundos que los ciudadanos pueden cometer. Condena a quienes se alzan pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes, o impedir a una autoridad o funcionario el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones. A nadie la cabrá duda alguna que este tipo penal lo que protege es el mismo Estado de Derecho, el imperio de la Ley que con su derogación Sánchez no quiere defender. Es grave, pero es así: el presidente del Gobierno no sólo está renunciando a las herramientas democráticas para salvaguardar los derechos y libertades del pueblo español, sino que las está desguazando.

Y este delito, la sedición, se pretende sustituir por el genérico de alteración del orden público, un delito que ya existe en nuestro ordenamiento, y que se impone a quien genéricamente perturba la paz ciudadana, castigado con tres años de prisión en su tipo básico y hasta seis en su tipo agravado. Como si eso, perturbar el orden público, fuera lo mismo que subvertirlo desde el poder como hicieron en 2017. Como si fuéramos tontos. Junqueras fue condenado a la pena más alta del procés a 13 años por sedición en concurso con la malversación, más 13 años de inhabilitación absoluta en los que no puede presentarse a ningún proceso electoral.

Sin ruborizarse dice Sánchez que en Alemania se derogó el delito de sedición. De nuevo, como si fuéramos todos tontos. Miren, no es el nombre del delito, es la conducta que describe y sanciona. Y en Alemania, una conducta como la descrita más arriba se llama rebelión y se castiga entre 10 años y cadena perpetua, que no les engañe este tipo. En Bélgica, 10 años. En Portugal, entre 10 y 20. En Francia, hasta la cadena perpetua a quienes atenten contra la integridad territorial del Estado. En Italia, 12 años solo por participar en la sedición. Esto no sólo lo dice el derecho comparado que parece que Sánchez desconoce tanto como el portavoz socialista, Patxi López, sino el propio Tribunal Supremo en su informe contra los indultos. También a la justicia pretende pasar por encima el Gobierno.

En una cosa igual sí tiene razón Sánchez, aunque el escenario se convierte en más terrorífico. Igual es verdad que no es por unos presupuestos. Concretamente: no sólo por unos Presupuestos. Ni alianza de Sánchez con los separatistas ni las consecuencias de la misma tienen como alcance una legislatura, sino un plan que va mucho más allá: pretende dejar inerme a la nación española frente a los ataques a su Estado de Derecho y a su Constitución. No se conforma con indultar los delitos del pasado, sino en disculpar preventivamente los futuros intentos de ruptura del separatismo.

Porque, ¿alguien tiene dudas de por qué lo hace? La cosa parece clara: un Código Penal a la carta, una subasta de las normas penales que garantizan nuestra convivencia en paz, un mercadeo para adecuar la norma al capricho de los golpistas condenados. Para que Oriol Junqueras y el resto de los condenados a muchos años de pena accesoria de inhabilitación puedan presentarse a las próximas elecciones generales (o las autonómicas catalanes, tras la ruptura del Gobierno con Junts); para que Carles Puigdemont y los fugados puedan regresar a España a sabiendas de una condena leve y la confianza en el ulterior indulto; y la posibilidad para todos de cumplir las promesas que hicieron, “lo volveremos a hacer”, sin tener ya miedo a las consecuencias penales.

No hay que explicarle al lector que la norma penal más favorable se aplica retroactivamente y las condenas anteriormente impuestas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo por gravísimos delitos de sedición cometidos contra la Constitución Española, en concurso con la malversación de los dineros públicos que todos contribuimos a dotar con nuestros impuestos, más la desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, serán objeto de revisión. Esto es: sus penas serán reducidas, las de privación de libertad, indultadas; y las de inhabilitación (que no se pueden indultar), reducidas a fin de que estos delincuentes condenados pueda volver a la vida política como si tal cosa, como si no hubiera pasado nada, para cumplir su amenaza, para volverlo a hacer. El avezado lector ya habrá descubierto que el delito genérico de desórdenes públicos puede ni siquiera llevar aparejada la inhabilitación absoluta. Un poco más, y parecerá que debemos los españoles pedir perdón a los golpistas, cosa que ellos no han hecho jamás.

Y todo ello, queriendo pactar con el PP el reparto del CGPJ para poder configurar un Tribunal Constitucional a medida también de los separatistas que sea más condescendiente con las desobediencias a sus mandatos por parte de los futuros golpistas. Dinamita contra nuestros resortes democráticos desde dentro. Todo por mantenerse en Moncloa, aunque sea un año más. Pero un año más para Sánchez puede ser un año letal para la salud de la democracia española. ¿Qué más puede pergeñar Pedro Sánchez? ¿Qué umbral de disparates no ha pisoteado ya?

Colón 13 junio 2021 contra los indultos

Es evidente que todo esto responde a su pura necesidad de supervivencia: baste como evidencia el hecho de que ERC se ha apresurado a felicitarse por esta negociación con el PSOE. Una auténtica traición a los votantes que le llevaron a Moncloa bajo la promesa de traer detenido a Puigdemont. Sánchez no tiene escrúpulos, pero no es su propia hemeroteca, ya destrozada hace tiempo, lo que debe ocuparnos a los demócratas españoles, sino la urgencia de pensar cómo revertir democráticamente el daño sin precedentes y la desprotección de nuestro Estado de Derecho que este Gobierno prevé dejarnos como herencia. 

Tenemos trabajo.