El PSOE, que tiene pecado, obviamente no planteará una iniciativa así, pero quizá el PP o Vox consideren razonable proponer la creación de esta Comisión de la Verdad sobre ETA en las Cortes Generales. Muchos lo agradeceríamos
El mes pasado se hizo público el acuerdo del Consejo de la Memoria Democrática por el que se nombra al exmagistrado Baltasar Garzón presidente de la «Comisión de la verdad». Este órgano tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 57 de la ley 20/2022 de Memoria Democrática, «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática». El Real Decreto 265/2025 ha desarrollado la ley, estableciendo en su artículo 8 las competencias de esta comisión y su composición, así como el plazo de 18 meses para entregar al Gobierno su informe de conclusiones y recomendaciones para reparar las vulneraciones de derechos humanos mencionadas en la citada ley.
Resulta evidente que desde el año 2004, con la llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno, para el PSOE ha sido mucho más urgente indagar en los horrores de una guerra civil superada y en los excesos de una dictadura finalizada hace cincuenta años, que atender otras vulneraciones de derechos mucho más recientes. La pretensión de la ley de Memoria Histórica primero y la de Memoria Democrática después, parecen más encaminadas a la obtención de réditos electorales –aun a costa de reabrir heridas cerradas– que al resarcimiento del daño causado. La razón es clara, la mayoría de los afectados, por no decir casi todos, están ya muertos, por tanto, la pretensión no es hacer justicia. Si el Gobierno y el PSOE quieren de verdad hacer justicia con respecto a la vulneración de derechos, y hacerla a tiempo de reparar el daño causado, les sugiero crear una Comisión de la Verdad sobre ETA.
La creación de esta Comisión es oportuna por varias razones que detallo a continuación.
La primera, porque la Justicia no ha esclarecido 379 de los 856 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA.
La segunda porque, lejos de reescribir la historia de lo ocurrido en España hace noventa años, serviría para contar la verdad de algo que ha sucedido hace apenas diez –el último atentado mortal de ETA tuvo lugar el 16 de marzo de 2010 y la banda se disolvió el 3 de mayo de 2018–.
En tercer lugar, porque merecemos conocer con detalle la negociación política llevada a cabo con ETA por José Luis Rodríguez Zapatero y su traición al Estado de derecho, devolviendo a la legalidad en 2011 al brazo político de ETA expulsado de las instituciones en 2003.
En cuarto lugar, porque tenemos derecho a conocer los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu para lograr el apoyo a su investidura en junio de 2018.
En quinto lugar, porque deben investigarse los continuos e ilegales beneficios penitenciarios otorgados por el Gobierno Vasco a los presos de la banda. Hoy mismo (pincha) sigue el goteo, a pesar de todas las denuncias de Covite.
En sexto lugar porque hay que identificar a los cómplices políticos de la banda y a los partidos que, optando por el silencio o la disculpa, se beneficiaron de su actividad criminal.
En séptimo lugar, porque todavía quedan muchos familiares de víctimas del terrorismo que tienen derecho a la Verdad y a la Justicia.
Y en último lugar, y no menos importante, porque de constituirse esa Comisión, podría proponer al Gobierno la restitución del derecho a voto en el País Vasco de los casi 200.000 vascos expulsados de su tierra por la violencia terrorista.
Puede haber otras razones para sustentar la necesidad de crear esta Comisión, pero he señalado las que a mi juicio son las más importantes. El PSOE, que tiene pecado, obviamente no planteará una iniciativa así, pero quizá el PP o Vox consideren razonable proponer la creación de esta Comisión de la Verdad sobre ETA en las Cortes Generales. Muchos lo agradeceríamos.
El modélico fin de ETA que el socialismo reivindica para tapar la corrupción de Zapatero es una mentira política organizada. Lo que hizo el ex presidente fue brindarle legitimación, fortaleciéndola ante la opinión pública
«ETA necesitaba acabar con parte de su dignidad intacta». Lo afirmaba una «mediadora en conflictos» al aplaudir el modelo de final del terrorismo promovido por José Luis Rodríguez Zapatero. Inevitablemente mantener intacta la dignidad de ETA implicaba humillar a sus víctimas. Debemos recordarlo ahora que, al imputarse al ex presidente, el socialismo intenta reducir su disonancia cognitiva apelando a un legado convenientemente maquillado. Al contrario de lo que ensalzan, Zapatero no derrotó a ETA, sino que le permitió conservar «su dignidad intacta» negociando la fraudulenta legalización de su brazo político, además de otras relevantes cesiones, con las consecuencias que hoy corroen nuestra democracia: Bildu, parte de la estrategia de ETA y su testaferro, como acreditó el Tribunal Supremo, es socio privilegiado de un Gobierno rehén de quienes legitiman la violencia nacionalista. El oficial británico H. J. Simson concluyó que en ocasiones los gobernantes usan a los hombres y mujeres que se enfrentan al terrorismo como «perros en una pelea de perros no para ganar, sino para dar concesiones a quienes les asesinan». Perfecta descripción de la política de Zapatero con ETA.
La literatura académica distingue tres modelos de política antiterrorista: el de guerra, el de justicia criminal y el conciliatorio. Las democracias liberales suelen optar por los dos últimos. Desde los orígenes de ETA, sucesivos gobiernos combinaron la persecución policial y judicial con negociaciones que le daban oxígeno en sus momentos de crisis. Martha Crenshaw, una de las autoridades en los estudios sobre violencia, ya advirtió de que los rasgos específicos del terrorismo hacen que una política conciliatoria no sea inocua, pues demuestra la eficacia del terror legitimándolo. Por ello, el presidente Aznar aplicó en su segunda legislatura una eficaz «política antiterrorista global» que rechazó cualquier negociación e incluyó la ilegalización del frente político de ETA. Así la definió un mando de la Guardia Civil que, en 2004, al llegar Zapatero al poder, advirtió del pertinaz error de negociar con ETA.
Arzalluz, ante Sabino Arana
Los informes de Inteligencia acreditan que en 2004 una mayoría dentro de ETA veía el terrorismo como un «lastre» que solo se mantenía como «moneda de cambio» para lograr una «salida más o menos airosa». Zapatero le regaló esa «salida airosa» evitando, como los propios terroristas lo definieron, «un final por aniquilamiento» al que la ilegalización de su brazo político les abocaba. Un análisis de Inteligencia fechado en 2002 destacaba «el colapso de la estructura de ETA incapaz de regenerarse» debido a las «constantes desarticulaciones operativas en Francia y España». Y concluía: «Con la lucha armada socialmente aislada y carente el movimiento de recursos para cubrir el vacío de poder subsiguiente, solo el PNV, como sucedió en 1992 y 1998, podría evitarle la derrota definitiva acudiendo en su auxilio». No solo auxilió a ETA el PNV, también el PSOE al impedir la materialización del final del terrorismo mediante su propio colapso que los etarras temían, sin los beneficios objetivos y simbólicos que la negociación les reportó.
Rubalcaba
«La muerte estiliza la reputación», escribió David Gistau tras los panegíricos al fallecer Rubalcaba. El portavoz y ministro del Interior de Zapatero pilotó ese final de ETA en el que la mentira se convirtió en un instrumento al servicio del poder. Mientras Rubalcaba atribuía al PSOE un idealizado final de ETA que utilizaba contra el PP, uno de sus asesores admitía en una nota interna las nefastas consecuencias de su política: «La izquierda abertzale ha logrado hacerse con la iniciativa política en el País Vasco y ha rentabilizado electoralmente el final de la violencia sin asumir la derrota de su anterior estrategia y sin hacer autocrítica de su connivencia con la violencia».
Tras ganar el PP las elecciones a finales de 2011, Zapatero y el nuevo titular de Interior mantuvieron una insólita reunión. Ante «el miedo a un nuevo muerto», el Gobierno de Rajoy asumió la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA a través de mediadores internacionales que blanquearon a la banda rehabilitando a sus representantes como comprometidos actores por la paz. Al anunciar ETA su cese en octubre de 2011, Rajoy declaró que se produjo «sin ningún tipo de concesión política». Faltaba a la verdad y travestía así el funesto legado de Zapatero.
Al no lograr ETA sus máximas aspiraciones, se equipara de forma simplista su cese con su derrota ignorando que el terrorismo plantea a la democracia una amenaza asimétrica caracterizada por la disparidad de recursos entre los contendientes. El terrorista, más débil militarmente que el Estado, persigue éxitos tácticos más que estratégicos para desestabilizar a la democracia en una desigual contienda. Como sostiene el profesor Llera, «el éxito de los terroristas consiste en hacerse imprescindibles como actores principales en la propia liquidación de la violencia y la desestabilización generadas por ellos, buscando un armisticio, cuyo final es una negociación». Zapatero les brindó esa legitimación fortaleciéndoles ante la opinión pública, descalificando como «enemigos de la paz» a quienes criticaron las cesiones a ETA.
Aurelio Arteta
El profesor Aurelio Arteta advirtió de que «en un combate político y no militar, la primera batalla que ganar es la de las ideas políticas». Por eso reclamó una derrota del terrorismo no solo policial, sino «por KO político y moral» que Zapatero impidió. Promovió que una ETA exhausta por la presión policial y judicial convirtiera su «lastre», el terrorismo, en una rentable «moneda de cambio» canjeada por la fraudulenta legalización de Bildu. Por ello un dirigente etarra alardeó, «dimos la vuelta al teatro de operaciones y nos colocamos en ventaja política», «de la presunta derrota hemos pasado a la demostración de fuerza».
Fernando Savater
La negociación con ETA se disfrazó como un inofensivo diálogo, pero tuvo graves repercusiones. «¡Se nos fue la mano!», lamentó uno de los interlocutores socialistas con ETA tras el éxito de Bildu en las municipales de 2011 por el blanqueo promovido por el PSOE. Como denunció Savater, el «proceso de paz» que escondía ese final sucio de ETA era un «precio pagado al terrorismo»: «La paz no es el triunfo de la coacción, por mucho alivio que proporcione a los coaccionados». En 2013 el historiador Santos Juliá alertó sobre los efectos de la política socialista: «Hoy hay partidos que difunden y socializan el discurso de legitimación del terror hasta convertirlo en memoria social».
La hegemonía nacionalista se vio así reforzada por la coacción que Zapatero instrumentalizó con fines profundamente divisivos y que Sánchez ha replicado. El enorme deterioro de la democracia constitucional por parte de Sánchez tiene su origen en esa «normalización de la desviación» que inició Zapatero. La socióloga Diane Vaughan estudió cómo se normaliza la desviación al definirse como aceptables las malas prácticas dentro de una organización. Así prospera una cultura complaciente con la corrupción excusándola en aras de un bien que se declara superior. Con esa lógica se amparó un modelo de final del terrorismo que antepuso el interés partidista al de la nación. Sánchez, siguiendo el camino marcado por Zapatero, ha continuado esa degradación política cediendo al chantaje de nacionalistas catalanes y vascos.
Patxi López y Eguiguren llevan a Isaías Carrasco
En 2017, la secretaria general de los socialistas vascos recordaba a su compañero Isaías Carrasco, asesinado por ETA en 2008 durante una negociación que se dijo había concluido pese a las evidencias que lo desmienten. Aludiendo a políticos de Bildu presentes en el homenaje al concejal asesinado señaló: «Reconocer a Isaías como víctima sin deslegitimar las razones de su asesinato es cometer un fraude. Es traicionar su memoria». Sus palabras corroboran que los socialistas aceptan el fraude de un Gobierno sostenido por quienes legitiman el asesinato de sus conciudadanos aferrados al poder mientras traicionan la memoria de las víctimas del terrorismo. El modélico fin de ETA que el socialismo reivindica para tapar la corrupción de Zapatero es, citando a Arendt, «una mentira política organizada»: un intento, mediante engaños, de sustituir la deshonrosa historia de su política por una ficción ideologizada.
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política, autor de 'La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA'
María San Gil Noáin, amiga del asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez
Cada vez que oigo que Zapatero acabó con ETA, se me revientan las tripas. ZP le hizo el boca a boca a una ETA muerta en lo militar y agonizante en lo social y político. ETA ha dejado de matar, pero sigue condicionando -en algunos pueblos de Navarra y del País Vasco, de manera asfixiante- la vida política y social desde los gobiernos (de España y Navarra), diputaciones, ayuntamientos, medios afines, redes sociales, la calle... Ya no nos mata, pero no nos deja vivir:
María San Gil desmonta el mito de que Zapatero acabase con ETA: “Es el gran farsante de esta historia”
Acusa al expresidente de “aplicar una serie de leyes que son unas leyes que en 20 años han cambiado la pirámide de valores de esta sociedad. Y hoy tú piensas, Arnaldo Otegui es un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara es una víctima molesta”.
A raíz de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional --que le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él--, el Gobierno ha optado por defenderle en lugar de dejarle tirado (como sí hizo, por ejemplo, con el exnúmero 2 de Sánchez, José Luis Ábalos).
Así, por ejemplo, el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez recordó, en la sesión de control al Gobierno del miércoles, “su papel en la retirada de España de una guerra ilegal y el fin de ETA”.
Por su parte, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska señaló: “Zapatero puso fin al terrorismo de ETA”.
Pues bien: escuchen a María San Gil, amiga del asesinado por ETA Gregorio Ordóñez (estaba a su lado cuando el etarra Valentín Lasarte le descerrajó un tiro en la nuca), desmontando esa versión idílica de Zapatero como el supuesto "hombre de paz" que acabó con la violencia de ETA. Porque la suya, la de María San Gil, es la versión auténtica de lo que ocurrió:
Zapatero es el gran farsante. En el año 2000 firma con Aznar un pacto para no negociar con ETA hasta que dejara las armas. Pues ese mismo año ya empieza a negociar con Otegui, y cuando llega a La Moncloa les cambia las leyes para que el entorno de ETA esté cómodo y deje de… pic.twitter.com/nTiv2vWrIo
Y el legado de Zapatero sigue vivo en la persona de Pedro Sánchez que pactó con EH Bildu -coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para beneficiarse mutuamente: Sánchez, para ser investido presidente con los votos de EH Bildu; y el partido heredero de Batasuna, para sacar poco a poco a todos sus etarras de la cárcel. Pacto al que Sánchez llegó después de haber asegurado a los españoles: "Con Bildu no vamos a pactar". No cabe mayor traición a los españoles.
El último ejemplo de esa traición a las víctimas y a los españoles se produjo ayer, cuando el Gobierno vasco, compuesto por PNV y PSOE, volvió a aplicar el régimen penitenciario de semilibertad (el tercer grado) a otros dos etarras, utilizando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y al miembro de la organización terrorista Xabier Zabalo Beitia, quien fue condenado a 208 años de prisión por un atentado con coche-bomba en un hotel de Salou (Tarragona), el 18 de agosto de 2001, que hirió a una veintena de personas…
Lo ha denunciado Covite:
El Gobierno vasco @Gob_eus@JustiziayDDHH está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos, tal y como exige la ley🧵
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