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| Teniente Coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil) |
España ya tiene su propio Watergate... pero Sánchez no dimite
Del auto del juez Pedraz se deduce que Sánchez ordenó -presuntamente, pero cada vez menos- crear una trama mafiosa para acabar con los jueces y policías que investigan a personas de su entorno. Y esto, por sí mismo, es de una gravedad extraordinaria.
José Ángel Gutiérrez Hispañidad 28/05/26
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| El Congreso de los Diputados de España, convertido en una jaula de grillos |
Desde la dimisión en 1974 del presidente estadounidense Richard Nixon, se usa el término anglosajón 'Watergate' como sinónimo de corrupción y abuso de poder cometido por el ejecutivo de un país.
En España ya tenemos nuestro propio Watergate y lo protagoniza el Sanchismo, o por concretar más, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
[El principal apodo que recibió el presidente Richard Nixon fue "Tricky Dick" (traducido habitualmente como "Dick el Tramposo"). os puede servir de inspiración]
De toda la información que trascendió ayer del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se deduce que el presidente del Gobierno, durante sus cinco días de reflexión tras la imputación a su mujer Begoña Gómez, lo que en realidad organizó -presuntamente, pero cada vez menos presuntamente- fue una operación encubierta para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.
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| Díez, Zarrías, Cerdán, Teijelo; Oliver, Juanma Serrano, Juanfran Serrano, Dolset y Fuentes |
Sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid / Foto: Pablo Moreno
A todos ellos, el juez Pedraz les investiga en lo que podríamos denominar 'caso Leire', en el que los presuntos delitos que investiga el magistrado son organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, inducción al falso testimonio y delitos contra las instituciones del Estado.
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| Balas, Luzón, Grinda y Biedma |
La operativa que ayer ordenó el juez Pedraz incluyó la búsqueda de información -por parte de la UCO de la Guardia Civil- en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como en la sede de la Fundación Pablo Iglesias, y los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset, y del histórico socialista Gaspar Zarrías.
Pero lo más sorprendente es que los agentes de la UCO también entraron -por orden judicial- en la sede de su jefes, o sea, en la Dirección General de la Guardia Civil, donde entrevistaron a distintas personas en busca de información. Y es que, según publica The Objective, el magistrado también sospecha que pudieron producirse presiones por parte de la cúpula de la Guardia Civil hacia los integrantes de la UCO, por negarse a compartir información judicial con sus superiores. Entre esos superiores figuraría el DAO de la Guardia Civil -teniente general- Manuel Llamas, que según el citado medio, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando este era coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil (luego fue promocionado por el ministro Grande Marlaska a otro puesto y así el Gobierno se lo quitó de encima). Las presiones y coacciones de estos mandos a los agentes de la UCO habrían consistido en abrirles investigaciones internas o expedientes disciplinarios.
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| La UCO acude a la sede del PSOE por datos sobre la financiación irregular de sus cloacas |
En definitiva, el auto del juez Pedraz destaca que «el propósito principal» de la trama de las cloacas -«en la que se atribuye un papel superior a Santos Cerdán»- era «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del Presidente del Gobierno».
Pero es que, lo más grave de todo ello es que en el auto del juez Pedraz, los imputados aluden en varias ocasiones al 'one', del cual obedecían órdenes, o incluso mencionan al "presidente del Gobierno”.
Y no solo eso: la investigación del magistrado constata que esta trama mafiosa y criminal utilizó la estructura y los medios del PSOE y fue financiada con alrededor de 188.000 euros.
Como hemos señalado, en EEUU un caso de una gravedad similar llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon. Mientras que, aquí, en España Pedro Sánchez no piensa dimitir "por el interés general" de los españoles. ¿Cabe mayor cinismo?
Ni tampoco cabe esperar una moción de censura apoyada por alguno de los 179 diputados que sustentan al sanchismo, los cuales se limitan a "pedir explicaciones". Razón por la cual, muy acertadamente, en su programa de esta mañana en la COPE el periodista Carlos Herrera los llamaba "banda mafiosa".
Lo que está ocurriendo en este país es de una gravedad extraordinaria. Y lo peor es que no se ven resortes morales o éticos o de valentía, o que apelen a la conciencia de los diputados que se sientan en el Congreso. ¿De verdad que ninguno quiere contribuir a acabar con esto apoyando una moción de censura? ¿No hay ninguno?








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