España vuelve a estar ante una hora crítica. No en el sentido teatral de la expresión, ni en la forma del 23 de febrero de 1981: tanques en Valencia, un teniente coronel con tricornio y bigote entrando en el Congreso, diputados tirados al suelo y una nación entera conteniendo la respiración ante el televisor. Aquel fue el golpe visible, el sobresalto de una democracia que apenas empezaba a caminar. El peligro de hoy es distinto. No viste uniforme, no irrumpe a tiros en el hemiciclo, no suspende la Constitución con un bando por radio. Opera de forma más insidiosa: conserva el decorado y apela a la legalidad mientras avanza por dentro, desmontando controles, colonizando instituciones y convirtiendo la democracia en una mera fachada
Esa es precisamente la gravedad del momento. La amenaza ya no procede de unos militares nostálgicos que se sitúan al margen del sistema, sino de personajes perfectamente instalados dentro de él. Algunos incluso se sientan en el Congreso con acta de diputado actuando como cómplices necesarios de una asonada peculiar y declarando, de una forma u otra, su hostilidad al Estado, a la nación española y, por consiguiente, a los intereses, derechos, inquietudes y legítimas aspiraciones de los españoles. Y, sin embargo, participan en la gobernabilidad del país, condicionan la legislación, deciden mayorías y sostienen al Gobierno. El viejo golpe pretendía tomar el Congreso por la fuerza. El nuevo no necesita tomarlo: ya está dentro.
España se encuentra hoy ante un momento tan decisivo como aquel de sus primeros años democráticos. Entonces el desafío apareció de frente, con olor a cuartel. Ahora llega con decretos, pactos parlamentarios, maniobras procesales, colonización institucional y una ofensiva total contra el Estado de derecho
Que Pedro Sánchez haya encontrado en esta arquitectura su lugar natural no debería sorprender demasiado. Sánchez no ha inventado todos los males del sistema, aunque los haya llevado a su estadio final. No es el origen único del problema, pero sí su producto más acabado. Su talento político, si puede llamarse así, ha consistido en descubrir que bajo la superficie parlamentaria de nuestro modelo existía un cesarismo soterrado: un poder inmenso concentrado en La Moncloa, apenas limitado cuando se está dispuesto a usar todas las palancas de ese poder sin escrúpulo alguno. Sánchez no ha creado la enfermedad; la ha aprovechado y la ha convertido en su método de gobierno.
Para que esto haya sido posible, antes tuvieron que fallar muchas cosas. Una ley electoral que sobrerrepresenta a las minorías territoriales y convierte a formaciones desleales en árbitros de la gobernabilidad. Una justicia politizada desde hace décadas, sometida a repartos, cuotas y pactos entre partidos que la han deteriorado gravemente. Una administración cada vez más infiltrada por redes clientelares, cargos de confianza, organismos duplicados, subvenciones, empresas públicas, asesores, fundaciones y una formidable constelación de intereses que han transformado el Estado en una ruinosa maquinaria de colocación, obediencia y reparto. Todo eso estaba ahí antes de Sánchez. Lo que Sánchez ha hecho ha sido usarlo sin pudor, sin límite y sin esa mínima contención que, en otro tiempo, todavía imponía la vergüenza.
Pero detrás de todo lo anterior hay un error más profundo, quizá el mayor de la Constitución de 1978. El texto constitucional nació bajo la sombra de una dictadura de casi cuarenta años y bajo la amenaza latente de la involución. Sus redactores quisieron asegurar la estabilidad, integrar a los partidos, evitar aventuras y consolidar una democracia en tiempo récord. La intención probablemente fue buena. El resultado, sin embargo, dejó una grieta colosal: se confió en que los partidos políticos serían los vehículos virtuosos del pluralismo democrático y se les entregó una arquitectura institucional que los convirtió de facto en los dueños del sistema. No en instrumentos al servicio de los ciudadanos, sino en propietarios del modelo.
Los padres de la Constitución quizá pecaron de ingenuidad, y quizá también lo hicieron con la mejor de las intenciones. Pero el hecho es que delegaron la supervivencia de nuestra democracia en la buena voluntad de un puñado de líderes políticos. Dejaron demasiadas salvaguardas en manos de quienes tenían incentivos para desactivarlas. El sistema funcionaba mientras los partidos aceptaban ciertos límites, mientras existía una contención, mientras la ocupación de las instituciones encontraba algún freno en la prudencia, el respeto o simplemente el miedo al escándalo. Pero, ¿qué ocurre cuando llega al poder alguien dispuesto a explotar cada resquicio, a tensar cada costura y a convertir cada anomalía en una ventaja estratégica a su servicio? Ocurre lo que estamos viendo.
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| Javier Benegas es un reconocido publicista, escritor, politólogo y periodista español, especializado en el análisis político, la comunicación estratégica y la geopolítica contemporánea. |
A estas alturas ya sabemos que Sánchez es extremadamente peligroso, pero no basta con señalarlo a él. También debo llamar la atención sobre una oposición que parece esperar la alternancia como quien espera la lluvia en abril: tarde o temprano llegará, dicen, porque siempre ha llegado. Esa confianza en el relevo electoral es hoy una forma de ceguera. La alternancia no es una ley inexorable. No está escrita en las estrellas. Depende de que las reglas limpias prevalezcan, de instituciones neutrales, de controles efectivos, de un espacio público libre y de un Gobierno dispuesto a perder el poder si los ciudadanos lo deciden. ¿Podemos seguir dando todo eso por descontado?
Si se analizan con detenimiento las maquinaciones de Pedro Sánchez y su entorno, así como el enorme poder que proporciona La Moncloa, no se puede descartar que el Gobierno esté trabajando también sobre el terreno electoral. No mediante una falsificación burda, sino mediante una ingeniería sofisticada: modificar las condiciones del juego, agrandar determinadas bolsas de voto, explotar el voto exterior, apuntar con precisión allí donde el escaño se decide por un puñado de papeletas y convertir lo que antes era marginal en disruptivo.
Sin embargo, el síntoma más revelador de esta fase terminal está en que un puñado de jueces, fiscales y agentes de la ley hayan terminado acaparando el foco informativo y cargando sobre sus hombros el peso abrumador de salvar la democracia en el tiempo de descuento. Esta anomalía debería estremecernos. Porque significa que la barrera política ha caído. Significa que la barrera social es casi inexistente. Significa que los medios, los partidos, la sociedad civil y buena parte de las instituciones no han sabido, no han querido o no han podido detener a tiempo el deterioro. Si lo único que queda es la barrera judicial, conviene recordar dos cosas: que la justicia es lenta y que, en un sistema políticamente capturado, incluso sus decisiones pueden ser neutralizadas.
Pensemos en el caso más extremo: que el Tribunal Supremo llegara a solicitar un suplicatorio para imputar al presidente del Gobierno. En una democracia funcional, eso daría paso a una crisis política de primer orden. Sin embargo, en la España de Sánchez, podría convertirse en un trámite bloqueado por mera aritmética. El Congreso ni siquiera tendría que rechazarlo de forma escandalosa, con una votación imposible de explicar. Bastaría con dejar correr los plazos y recurrir al silencio administrativo. La causa quedaría de facto sobreseída y Sánchez seguiría, sostenido por enemigos declarados del Estado, y podría presentarse como víctima de una fallida conspiración judicial.
Ahí reside la diferencia fundamental con el 23-F. Aquel golpe fracasó porque era tosco, brutal, visible. Se podía señalar. Se podía resistir. Se podía contar en directo. El actual es más difícil de combatir porque no se presenta como ruptura, sino como continuidad. No deroga la Constitución; la vacía. No clausura el Congreso; lo inutiliza. No elimina los tribunales; intenta colonizarlos, intimidarlos o desacreditarlos. No prohíbe elecciones; intenta alterar las condiciones en las que esas elecciones se celebran. No declara una dictadura; desactiva la democracia desde dentro.
Después de ocho años de deterioro, después de la colonización institucional, de los pactos con fuerzas enemigas de la unidad nacional, de la degradación de la Fiscalía, de los ataques a jueces, de los escándalos que cercan al poder, de la utilización patrimonial del Estado y de la normalización de lo que hace apenas una década habría provocado una crisis insalvable, demasiados siguen comportándose como si esto fuera una legislatura más. Como si bastara con esperar. Como si un puñado de jueces y una alternancia milagrosa pudieran conjurar el peligro.
Las democracias no desaparecen solo cuando los tanques salen a la calle. También mueren cuando quienes deberían defenderlas se acostumbra a su deterioro. Mueren cuando la ilegalidad es interpretable, cuando el abuso se convierte en costumbre, cuando el escándalo deja de escandalizar y cuando millones de ciudadanos se convencen de que nada pueden hacer salvo rezar el domingo electoral. Ahí radica el verdadero triunfo del poder que aspira a no marcharse nunca.
España se encuentra hoy ante un momento tan decisivo como aquel de sus primeros años democráticos. Entonces el desafío apareció de frente, con olor a cuartel. Ahora llega con decretos, pactos parlamentarios, maniobras procesales, colonización institucional y una ofensiva total contra el Estado de derecho. El 23-F quiso asaltar la democracia desde fuera. El golpe lento de Sánchez pretende disolverla desde dentro. Por eso resulta más peligroso: porque no se reconoce como golpe hasta que es demasiado tarde.
Un analisa político escribía que Pedro Sánchez estaría esperando un «cisne negro» para escapar a su destino. Pero tal vez es justo al revés. Tal vez seamos nosotros, los españoles, quienes necesitemos ese cisne negro para libramos de él. ¿Cuánta señales más necesitamos para comprender que el riesgo ya no es imaginario, sino real?
