El fiscal general presenta su renuncia tras la condena: "Es el momento de abandonar"
Por revelación de datos reservados
Sin sentencia, pero con ruido: la condena al fiscal general genera un terremoto político
El contexto:
Mientras desde el Gobierno no comparten la decisión del Tribunal Supremo, en el Partido Popular critican la actitud del Ejecutivo por su reacción al fallo.
Las claves:
Yolanda Díaz ha calificado de "condena injusta" la condena a Álvaro García Ortiz
Desde el PP se reitera que el fiscal es culpable y que obedeció órdenes de Pedro Sánchez
El terremoto que ha supuesto la condena del fiscal general del Estado por revelación de datos reservados todavía se sigue notando dos días después de conocerla. Y parece que así seguirá hasta que se publique una sentencia que esclarezca los porqués de la decisión del Tribunal Supremo de fallar contra Álvaro García Ortiz.
Desde el Gobierno han afirmado que respetan la decisión, pero no la comparten, como ha señalado el ministro de Justicia Félix Bolaños. En cambio, otras caras del Ejecutivo no han sido tan sutiles como Bolaños, como Óscar López, ministro para la Transformación Digital, que ha preferido "morderse la lengua". Además, ha añadido que el fallo "lanza un mensaje demoledor": "Y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso. No te atrevas'".
Tampoco ha sido sutil el ministro de Transportes, Óscar Puente, que apunta que "no hemos avanzado tanto en estos 50 años (de democracia)". Y, desde Sumar, lo tienen claro. "Se ha trastocado la separación de poderes. Es inocente y ha sido condenado injustamente", ha señalado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
En la oposición, visión contraria. Critican la actitud del Gobierno frente al fallo. "Es una actitud muy peligrosa en un estado democrático cuestionar a los jueces para defender al fiscal general", apuntaba la 'popular' Carmen Fúnez.
Para Isabel Díaz Ayuso, la ruptura de la separación de poderes no viene con la condena, sino antes: "El presidente del Gobierno ha decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez. No es el fiscal general del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados".
Porque desde el PP se reitera que el fiscal es culpable y que obedeció órdenes de Pedro Sánchez, como su secretario general, Alberto Núnez Feijóo, apuntó: "(Pedro Sánchez) Quien tiene que pedir perdón a los españoles por utilizarlo para sus intereses y por manosear de forma tan vulgar las instituciones".
Aunque no dejan de ser suposiciones del líder 'popular' porque todavía no se conoce la sentencia. Ahora bien, el fallo que ha adelantado el Tribunal Supremo nos da una pista. Lo que realmente sabemos es que condenan a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.
Es decir, la información no tenía que ser secreta, sino que simplemente no se debería publicar, como se hizo en la nota de prensa que publicó la Fiscalía donde se reflejan los dos delitos que habría cometido Alberto González Amador aunque fuese después de que varios medios los hicieran públicos.
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Parece redactado por el propio Sánchez
La Hora de La 1 es un espacio dirigido y presentado por Silvia Intxaurrondo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la presentadora del programa La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, han protagonizado este viernes un intenso enfrentamiento dialéctico en directo con acusaciones cruzadas a cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados.
Ante el intento de la presentadora de preguntar específicamente por la condena, Tellado le ha recriminado que ella misma hubiera utilizado también la expresión de golpe judicial, algo que la periodista ha negado. “¿Usted firmó un manifiesto en el que se hablaba de golpe judicial. “Está su firma en ese manifiesto”, ha insistido el político.
Brutal enfrentamiento entre Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado: acusaciones de "manipulación en RTVE" y una presentadora desatada pic.twitter.com/0EbpzlDaV3
Por primera vez se le ha borrado esa sonrisa estúpida que exhibía hasta ahora. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, nombrado por Sánchez ("Pues eso..."), no evitará el banquillo.
O culpable o muy torpe ¿Cómo pudo borrar las pruebas de su inocencia? ¡Tome asiento!
El fiscal general no evitará el banquillo
"La confirmación del Supremo del procesamiento de García Ortiz, sitúa al Estado de Derecho y al entramado institucional español ante un hecho insólito desde la instauración de la democracia"
La confirmación por la Sala de Apelaciones del Supremo del procesamiento del fiscal general, imputado por el juez instructor Ángel Hurtado de haber revelado información confidencial de un justiciable investigado por fraude tributario -Alberto González Amador-, sitúa al Estado de derecho y al entramado institucional español ante un hecho insólito desde la instauración de la democracia. El rechazo del tribunal, con el voto de dos de sus magistrados y el discrepante del tercero, al recurso presentado por Álvaro García Ortiz convertirá a éste en el primer responsable del Ministerio Público en ser enviado al banquillo por la posible comisión de un delito. Es decir, el acusador pasará a ser el acusado. Una circunstancia tan anómala como para que el legislador no previera qué hacer en una tesitura semejante.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sí fija para sus miembros el deber de guardar “el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de su cargo”, con amenaza de castigo si se incumple; y esta normativa, incardinada con la ley que regula el Poder Judicial, abre la puerta a la suspensión de empleo y sueldo de los funcionarios en caso de procesamiento. Pero las previsiones no alcanzan a la figura del fiscal general, especialmente protegida por el peso de su función en el ordenamiento constitucional. De tal forma que es García Ortiz el que resuelve si continúa en el cargo, como ha sido su intención hasta ahora, o renuncia al mismo.
¿Por qué sonreía el Fiscal?
Como cualquier encausado, él también tiene pleno derecho a la presunción de inocencia; y a argumentarla después de que las dudas jurídicas del procedimiento hayan quedado reflejadas en la división de la Sala de Apelaciones, en la decisión unánime de ésta de exculpar a la fiscal jefe de Madrid por falta de indicios suficientes y en el descarte, también por los tres magistrados, de la tesis del instructor de que García Ortiz habría instigado la filtración sobre el novio de Ayuso a instancias del Gobierno para perjudicar a una rival política. Con todo, no se puede soslayar la anomalía y el daño que representa para la institución un fiscal general en el banquillo de los acusados.
"¿La Fiscalía de quién depende, de quién depende? ¡Pues ya está!". Fue la única verdad que ha dicho este sinvergüenza. No hace falta ninguna prueba más para saber que el fiscal general del Estado actuó contra la pareja de Ayuso por "indicaciones" de Presidencia.
El juez procesa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso
El Supremo también imputa a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y les sitúa a un paso de sentarles en el banquillo
Apunta a que Ortiz actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y señala su actitud "frenética" para "ganar el relato"
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, el magistrado deja a García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo, lo que conllevaría su inhabilitación en una situación inédita en la historia democrática, en la que ningún fiscal general ha sido procesado. Y lo hace basándose principalmente en la filtración del email donde Amador se ofrecía a reconocer delitos contra la Hacienda Pública para pactar con la Fiscalía. Hurtado cree que el fiscal general actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público.
El auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, ve indicios de que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación (El Plural) contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado de González Amador al fiscal del caso que se seguía contra éste. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una "conversación privada" entre letrado y fiscal que está sujeta a "criterios de reserva y confidencialidad".
Así, da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
Una actitud "frenética" para "ganar el relato"
El juez presume como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales", el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
Añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con Pilar Rodríguez minutos después, tras la cual ésta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle por encargo de García Ortiz que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo.
Entre esos correos, que Rodríguez facilitó a García Ortiz, figuraba uno de 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. Dicho correo, según indica el auto, concluía diciendo: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaskareproducir video01.22 minLa cronología de la investigación a García Ortiz: siete meses que comenzaron con la querella de González Amador
Publicidad previa en los medios al comunicado de la Fiscalía
El auto del instructor señala que “la finalidad" de solicitar estos correos era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico particular, no oficial, de Álvaro García Ortiz, tal y como él le había indicado y así hizo Rodríguez.
Todo ello, según el magistrado, para que García Ortiz, con la colaboración de Rodríguez, acabara facilitando dichos correos a la Cadena Ser "para que le diera publicidad" y "conscientes ambos" de que revelaría el confidencial contenido de ese correo, "lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”.
Dicho medio, prosigue Hurtado, añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas.
La elaboración del comunicado de la Fiscalía de Madrid
A raíz de todo esto, prosigue el auto, García Ortiz "se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a Pilar Rodríguez, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024”.
La resolución agrega que, paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el citado correo, "se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid" en contra de Ayuso.
El instructor subraya que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía”. “Además, añade el juez, la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución.
En el auto, el magistrado ve "relevantes" los indicios conseguidos en virtud de los dos autos de entrada y registro de 30 de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid y el acopio de material informático y dispositivos móviles intervenido en los mismos. También en declaraciones de los investigados y las testificales. Y señala además la evidencia de que el propio García Ortiz había borrado toda la información que contenían sus dispositivos, convirtiendo la diligencia relativa a su dispositivo en inocua.
Alberto Glez. Amador, Isabel Díaz Ayuso, M. Á. Rodríguez, Álvaro García Ortiz y Juan Lobato
Estamos tan acostumbrados a la táctica de Sánchez de que un escándalo se tapa con otro que, en cuanto salió el caso Koldo, ya sabíamos que iban a pegar contra Ayuso, como así fue. Telefonazo de Moncloa a García Ortiz -abogado personal de la familia Sánchez-, y en menos de 24 horas ya teníamos en los titulares de prensa al novio de Isabel.
Pero una cosa es suponer, sospechar y otra, poder demostrarlo, como hace este artículo de Teresa Gómez.
García Ortiz instó a su subordinada a imputarle otro delito al novio de Ayuso: «¿Y la falsedad?»
La UCO ve una «participación preeminente» del fiscal general en la filtración contra Alberto González Amador
El PSOE teme que Lobato dé hoy munición al Supremo para implicar a Sánchez en la filtración contra Ayuso. La investigación por revelación de secretos del fiscal general, podría escalar hasta Presidencia del Gobierno
El caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha destapado una presunta trama en la Fiscalía General del Estado, que operó frenéticamente del 8 al 14 de marzo para filtrar a la prensa información confidencial de un particular, la pareja de la política del PP, y perjudicar así a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas semanas antes, en febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detenido al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y a varios empresarios –entre ellos el comisionista Víctor de Aldama– a raíz de una denuncia interpuesta por los populares de Madrid en la Fiscalía Anticorrupción por presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
El Gobierno socialista «puso en marcha su maquinaria» para contrarrestar el caso Koldo, en el que estaba implicado buena parte del Ejecutivo de manera directa o indirecta. Para ello, pretendió «montar el caso del novio de Ayuso con la ayuda imprescindible de la Fiscalía General del Estado», explican fuentes personadas en la causa a THE OBJECTIVE. Y es que el informe de los investigadores es claro: la filtración sobre datos confidenciales de González Amador solo pudo venir del Ministerio Público, dado que el abogado del investigado no disponía de dicha información cuando fue publicada en los medios de comunicación.
Aldama, Ábalos y Koldo
Tras analizar las comunicaciones, los agentes de la UCO concluyen que el caso del novio de Ayuso llegó a la Fiscalía General del Estado el 7 de marzo. Cuatro días después de que la FGE recibiese la información completa, la información es publicada en el diario de Ignacio Escolar el 12 de marzo a las 6.01 horas. El abogado del novio de Ayuso no tenía acceso a esa información, ya publicada en Eldiario, dado que el fiscal se la envía por correo el 12 de marzo a las 09.23 horas, por lo que la misma solo la tenía la Fiscalía. Por ello, los investigadores confirman que la filtración solo pudo provenir del Ministerio Público.
El fiscal general instó a imputar falsedad
La Guardia Civil también recoge un whatsapp de García Ortiz a la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, en el que el fiscal general propone –en una causa de un particular de la que él nunca hubiese tenido conocimiento, si González Amador no fuese novio de Ayuso– que también se le impute el delito de falsedad documental. Un delito por el que, finalmente, está siendo investigado la pareja de Ayuso, junto al de dos delitos fiscales.
El 13 de marzo por la noche, después de que la investigación sobre el novio de Ayuso hubiese sido publicada en la prensa, el fiscal general reclama todos los emails intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el letrado de González Amador en relación con un pacto para que el investigado se declarase culpable y evitar el juicio. Tras una serie de gestiones, la fiscal jefe Provincial, Pilar Rodríguez, le remite la documentación solicitada a García Ortiz y, una hora después de recibirla el fiscal general, los emails aparecen publicados en la Cadena Ser.
Mensajes entre la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fis- cal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Seguidamente, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, reenvía al fiscal general, a las 23.58 horas del 13 marzo, un mensaje de la fiscal decana, Virna Alonso, aclarando el acuerdo al que se iba a llegar con el letrado de Alberto González Amador. «Es decir, ya está presentada la denuncia; vayan pagando y reconociendo los hechos en el juzgado y después conformamos. El 305.6 te permite bajar dos grados la pena si paga y reconoce en los dos primeros meses. Lo hacemos siempre, al igual que la abogacía del Estado. Esa era la oferta. Reconoce y paga». Entonces, el fiscal general propone un nuevo delito: «¿Y la falsedad?», pregunta. Pilar Rodríguez contesta: «Como es denuncia directa, habría que recibir declaración a todo y, dependiendo de cada caso, se acusa o no a los factureros, dependiendo de la prueba».
El informe de la Guardia Civil pone a Álvaro García Ortiz contra las cuerdas. La Unidad Central Operativa (UCO) aprecia la «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El documento, de 57 páginas, ha sido incorporado a la causa del Tribunal Supremo en la que ya está imputado el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos.
