Listas de Bildu: 44 motivos para la vergüenza

Juan Carlos, el hermano de Máximo, descubre la placa.
Junto a él, el alcalde y los sobrinos del homenajeado.

¿Es moralmente aceptable en una democracia que ocupen cargos públicos en la misma quienes mataron para destruirla?

El recuerdo de hoy

El policía nacional Máximo Antonio García Kleinle (29 años), natural de Cortes (Navarra), fue asesinado en la madrugada  del 13 de mayo de 1985 en San Sebastián por ETA, cerca de su casa.

Máximo García Kleinle había nacido en la localidad navarra de Cortes, pero se trasladó a Los Rosales con cuatro años, cuando sus padres emigraron a esta zona para trabajar en la Azucarera de San Fernando. Su padre había fallecido poco antes del atentado que le costó la vida, pero en Los Rosales, a donde fueron trasladados sus restos, vivía su madre y su único hermano.

En 2018, el Ayuntamiento de Tocina-Los Rosales le dedicó una calle.

44 motivos para la vergüenza                                                                   Juan Frommknecht

Recientemente hemos sabido que EH Bildu presenta en sus listas electorales hasta 44 ex miembros de ETA, de los cuales siete se vieron involucrados en asesinatos.

Para construir la paz y la convivencia, es necesario tener mentalidades de paz. Colocar en distintas listas semejante número de terroristas es no tener una mentalidad de paz. Es, en cierto modo, legitimar ese pasado.

Si cualquier adolescente de hoy en día escucha que esas personas atentaron, ayudaron a atentar o incluso mataron, y que, sin embargo, en este momento ocupan un cargo público relevante, pueden llegar a pensar que aquellas atrocidades cometidas no estuvieron mal.

Si, además, el adolescente vive en una localidad donde el paisaje urbano está colonizado con pintadas a favor de los presos, banderolas, o ven hacer un brindis por ellos en sus fiestas, puede llegar a entender que esos criminales son en realidad un ejemplo.

Si, además, se normaliza la relación política con el partido que los ha introducido, pudiendo perfectamente no hacerlo, e incluso se le trata como a un socio preferente, los jóvenes y adolescentes de los que hablamos pueden entender que aquello fue justo y legítimo, y que, además mereció la pena.

Nadie duda de la legalidad de la aprobación de sus candidaturas por las respectivas juntas electorales. No es un problema de legalidad, es un problema de ética y de moralidad. ¿Es moralmente aceptable en una democracia que ocupen cargos públicos en la misma quienes mataron para destruirla?

La normalidad y la convivencia deben venir precedidas de un proceso previo de reflexión y de autocrítica. No debemos olvidar la ponencia Oldartzen, aquella que preconizaba la socialización del sufrimiento, es decir, matar más y a más políticos, fue debatida en más de 200 asambleas en las que participaron 5.000 personas. El 70%, 3.700 personas, votaron a favor de matar más. Entre ellos, con toda probabilidad, varios ocuparán en mayo diversos cargos públicos. ¿Alguien ha escuchado una autocrítica por aquello?

Mientras no haya una autocrítica definitiva y global en la izquierda abertzale, se llame como se llame, una condena sin paliativos al daño infringido y una ausencia total de legitimación del mismo, la garantía de no repetición estará en entredicho, y la injusticia con quienes sufrieron directamente aquellas atrocidades seguirá aumentando. No exigir esa autocrítica y pactar con quienes no han condenado los crímenes coloca a quienes lo hacen en una situación igualmente reprochable.

Juan Frommknecht Abogado