Siete jefes
etarras denunciados por 193 muertes sin resolver
La Fundación Luis Portero quiere que se les responsabilice con la legislación internacional
Cinco de esos
siete miembros de las cúpulas entre 1977 y 1983 están en libertad
Bajo el mandato de siete terroristas, ETA perpetró
327 asesinatos entre los años 1977 y 1983, 192 de los cuáles continúan hoy en la
más absoluta impunidad. A estas alturas, el Estado desconoce quiénes fueron los
miembros de la organización terrorista que acabaron de forma directa con las vidas
de esas 192 personas. Sin embargo, el Estado sí sabe las identidades de las personas
que durante ese periodo de tiempo «marcaron las líneas políticas y militares de
la organización, coordinaron la lucha armada y controlaron a sus miembros legales
e ilegales». La Fundación Luis Portero ha solicitado a la Audiencia Nacional que siete jefes
de ETA respondan -«responsabilidad por el mando»- por esas muertes sin autor declarado
o confeso, cinco de los cuales se encuentran en estos momentos en libertad.
Los siete etarras que, según
la Fundación, «dominaban» la banda en aquellos años son: Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi;
Eugenio Etxebeste, Antxon; José Luis Ansola, Peio El Viejo; Francisco Mujika, Pakito;
José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Carlos Ibarguren, Nervios, e Isidro Bedialauneta,Mamarru.
Precisamente, uno de estos
dirigentes, Pakito, es uno de los terroristas acogidos a la vía Nanclares, el procedimiento al que se sumó un grupo
de unos 20 etarras para salir antes de prisión a cambio de renunciar a ETA. Entre las condiciones
para disfrutar de los beneficios penitenciarios que otorga esta vía estaría, precisamente,
la de ayudar a la Justicia a, entre otras cosas, resolver asesinatos cuya autoría
es desconocida. Aunque ninguno de los terroristas adscritos a la solución Nanclares ha prestado colaboración
alguna en este sentido y esta circunstancia no ha impedido que hayan obtenido permisos
de salida.
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En definitiva, puestos a hacer
cuentas terribles, de los 858 asesinatos de ETA, 379 están todavía sin resolver, 192 de ellos corresponderían
a las cúpulas dirigidas por los siete y 187 caerían sobre las espaldas del resto
de los dirigentes. De modo que, según los autores de la querella, «ellos acumulan
más impunidad que todas las demás cúpulas de ETA».
La Fundación Luis Portero ha aportado al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, por primera vez, el listado cronológico de todos
los asesinados en aquellos seis años, desde el guardia civil granadino Antonio Hernández Fernández-Segura,
muerto el 8 de octubre de 1977 en Guernica; hasta el empresario Francisco Javier Collado,
asesinado en Cegama en diciembre de 1983.
Los querellantes se han centrado
en estos siete terroristas porque consideran que ellos eran los responsables de
la organización en la época en la que ETA perpetró el crimen que desencadenó su
denuncia por actos de genocidio y lesa humanidad contra la banda: la «persecución»,
la «expulsión forzada» y el «asesinato selectivo» de Luis María Uriarte Alza,
ex alcalde de Bedia, ametrallado en 1979. Un crimen que quedó prescrito
sin que se supieran los autores directos. Aunque no descartan ampliar el listado
de responsables.
En el escrito presentado en
la Audiencia, la Fundación
recuerda que «tales 192 asesinatos impunes -perpetrados como el resto bajo la política
de los querellados y realizados por ejecutores fungibles bajo su mando jerárquico
y vertical- son, en todo caso, posteriores a la previa ratificación por parte de
España en abril de 1977 de la cláusula dirigida a impedir la impunidad de los peores
crímenes rechazados por la comunidad internacional, entre ellos los de lesa humanidad,
incluida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966 y del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950».
El letrado Miguel Ángel Rodríguez
argumenta que la jurisprudencia desarrollada a lo largo de 20 años por el Tribunal
Europeo aporta hasta ocho resoluciones favorables para asuntos de idéntico jaez.
Una de esas resoluciones es
más conocida como el caso de los tiradores del Muro de Berlín. Partiendo de la base
de que la vida es el «valor supremo», el Tribunal Europeo «se negó a dejar en la
impunidad a los, al menos, 136 seres humanos asesinados en el Muro sin responsables
penales, al amparo de la legalidad de la antigua RDA, lo que permitió la condena
de sus altos responsables», se señala en el escrito. Entonces, el Estado alemán
ni siquiera había aceptado esa parte de la convención; a diferencia de España, que
sí lo hizo.
La Fundación ha solicitado
que los distintos juzgados de instrucción informen sobre el estado de los procedimientos
de los 192 asesinatos sin resolver y que las Fuerzas de Seguridad documenten quiénes
eran los mandos intermedios de ETA, «a fin de determinar la identidad de otros posibles
responsables jerárquicos».
Ángeles Escrivá. Periodista de El Mundo
1 comentario:
Algunos ya no quieren acordarse de las condenas de otros tiempos. Otros no queremos que la impunidad tenga la última palabra. La paz se construye desde la verdad, no desde la mentira, la falsedad, el silencio o el ocultamiento.
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