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A Chon Latienda, siempre atenta, no se le escapa un detalle |
El entonces (2015) portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, explicó que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción no invadía competencias ni de Comptos ni del Defensor del Pueblo, y que el objetivo de esa Oficina era el de “levantar alfombras sin las limitaciones a las que está constreñida Comptos, que son importantes”
Levantar alfombras
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M.ª José Beaumont, jurando ante Uxúe Barcos |
Corría el año 2015. Uxue Barkos, con el apoyo de Bildu e IU, accedía a la presidencia del Gobierno de Navarra. Bildu llevaba en su programa la creación de la Oficina Anticorrupción, así que la recién nombrada consejera de Interior, M.ª José Beaumont, cuota de Bildu, se puso manos a la obra para montar la que hoy conocemos como Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Beaumont explicó que quería poner en marcha cuanto antes una labor de auditoría sobre las decisiones adoptadas por anteriores gobiernos (los de UPN) revisando “encomiendas de gestión y contratación”. El entonces portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, explicó que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción no invadía competencias ni de Comptos ni del Defensor del Pueblo, y que el objetivo de esa Oficina era el de “levantar alfombras sin las limitaciones a las que está constreñida Comptos, que son importantes”. Tres años después de llegar al Gobierno, Beaumont declaró que un profesional trabajó en la revisión de algunos expedientes delicados y no encontró ni ilegalidades ni irregularidades.
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Servinabar, ya sin letrero, y Antxón con sus amigos |
Diez años después, y por una investigación de la UCO, nos enteramos que las empresas Acciona y Servinabar están involucradas en el amaño de contratos de obras públicas. Durante el gobierno de Barkos, una UTE de ambas empresas fue adjudicataria de cuatro contratos, tres de ellos cuando el objeto social de Servinabar era el de “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones y otras”, detallito que se le escapó a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción; al Dpto. de Cultura Deporte y Juventud; al Dpto. de Presidencia; y a Nasuvinsa. Durante el gobierno de Chivite, la misma UTE fue adjudicataria de dos contratos. Después del estallido del “caso Cerdán”, el pasado día 12 la presidenta Chivite anunciaba, en una lacrimógena rueda de prensa, una auditoria de “una decena de contratos”. Cuatro días después, y con las lágrimas ya secas, Chivite anunciaba que pedirá a la Cámara de Comptos la fiscalización de cuatro contratos, y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que revise las adjudicaciones a la UTE Acciona-Servinabar.
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Eginoa y Beaumont |
Uno de esos contratos, el de la rehabilitación del antiguo Archivo General, fue adjudicado por el Departamento de Interior dirigido por M.ª José Beaumont. La entonces directora general de Presidencia, que firmó la propuesta de adjudicación de ese contrato, fue Edurne Eginoa. El presidente de la Mesa de Contratación de esa obra fue José Contreras López; y el arquitecto que revisó ese proyecto fue Pedro López Vera, actual director general de Obras Públicas. Y fíjate cómo son las cosas que Edurne Eginoa es la actual directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, o sea, la que hoy tiene que revisar uno de los contratos cuya adjudicación firmó. Y el que fuera presidente de la Mesa de Contratación de esa obra es el actual secretario general de la Cámara de Comptos, o sea, Comptos tiene que fiscalizar un contrato en el que un alto cargo del órgano fiscalizador presidió la mesa que lo adjudicó. ¿Qué puede salir mal?
Pero hay más sobre esa obra del Archivo de Navarra. La UTE Acciona-Servinabar solicitó una ampliación del plazo de ejecución y, además, solicitó que se admitiera un sobrecoste de la obra. La solicitud de ambos conceptos fue denegada en varias ocasiones. La UTE presentó un recurso de alzada y, mientras se resolvía, se produjo un cambio de gobierno y Chivite accedía a la presidencia del Gobierno de Navarra. El Departamento de Interior pasaba a manos del socialista Javier Remírez y aprobaba el recurso de la UTE admitiendo un sobrecoste de 467.924 €. Cosas.
Pues nada, la Cámara de Comptos, esa institución que, según Bildu, tiene “importantes limitaciones a las que está constreñida”, va a ser la encargada de fiscalizar unos contratos bajo sospecha. Y además de lo anterior, y en un ejercicio de trilerismo político, los partidos de gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos), apoyados por su socio Bildu, han propuesto una Comisión de Investigación sobre las adjudicaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra a empresas señaladas en la investigación de la UCO, Acciona y Servinabar, empresa esta última que no se constituyó hasta septiembre de 2015, durante el gobierno de Barkos, y que no empezó a ser adjudicataria de obras públicas, en UTE con Acciona, hasta 2017 (gobierno Barkos). Pero da igual. El gobierno progresista ha decidido levantar, otra vez, las alfombras de un gobierno de UPN, no sea que haya quedado alguna pelusa que les sirva a los progresistas para vestir todas las sospechas sobre su gestión.
Y Alzórriz, ese verso suelto que ha perdido la confianza, a tiempo parcial, de la presidenta Chivite y que hasta hace nada ponía la mano en el fuego por Cerdán diciendo que era una persona íntegra, hoy nos dice que “Chivite es una persona honesta y leal con Navarra”. ¿Le está señalando el camino a la Presidenta?
Chon Latienda Urroz. Comentarista Política
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