Quiero dar la enhorabuena a Ignacio Murillo, director de Navarra.com, por el archivo de la querella que Barcos (¡qué hipocresía!) interpuso contra él por los artículos sobre las dietas. Según el
juez, esos artículos "no es que sean veraces, es que son ciertos y han quedado
documentalmente probados" (Ver noticia).
También en el 'tema Alsasua', el Supremo ha traído cordura a un caso marcado por el
juego sucio (otro tipo de corrupción) al que se han prestado, de forma indigna, cargos públicos.
Nos lo cuenta Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio -asesinado por ETA- y presidenta de Covite.
Nos lo cuenta Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio -asesinado por ETA- y presidenta de Covite.
El juego sucio del ‘caso Alsasua’ Consuelo Ordóñez
Horas después de que el pasado 15 de octubre una
multitud agrediera a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua, COVITE
decidió interponer una denuncia en la Audiencia Nacional para que lo ocurrido
se juzgara como un delito de terrorismo. La presencia de cuatro miembros de
este Colectivo en la localidad para plantar cara a los radicales contribuyó,
sin duda, a que la denuncia ganara fuerza. Desde entonces, hemos asistido a un
espectáculo de auténtico juego sucio. Algunas escenas, por desgracia, no nos
han sorprendido: ver a centenares de personas manifestándose en las calles a
favor de los agresores es sólo la prueba de que la radicalización ha cuajado en
la sociedad navarra, como en la vasca, y de que una vez más los que
protagonizan una estrategia de acoso y derribo contra las Fuerzas de Seguridad
siguen siendo héroes para muchos ciudadanos. Como antes. Como casi siempre, desde que tenemos memoria.
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| Típico-tico-tic cuando va a soltar una gorda |
Sin embargo, no lo habíamos visto todo. Determinadas
fuerzas políticas que parecen no entender el principio de separación de poderes
se han empleado a fondo en presionar a la justicia. Hemos visto cómo miembros
del Gobierno de Navarra, de Podemos y hasta del PSOE, sin olvidar al alcalde de
Pamplona, acudían a una marcha en Alsasua pidiendo la libertad de los
agresores. Hemos visto cómo Podemos decidió celebrar el día de Navarra en
Alsasua para mostrar que no había “ningún problema de convivencia”. Y hasta la
presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha declarado que tenía “muy claro”
que lo ocurrido en Alsasua no era un caso de terrorismo.
Todas estas actuaciones han tenido un vistoso
compañero de viaje: la Audiencia de Navarra. Los procesados y el coro de
partidos políticos que los secundan han pedido machaconamente que el caso se
juzgara en Pamplona. Con ello perseguían que no se les procesara por un delito
de terrorismo y jugaban con la intuición de que el ambiente en la capital
navarra les sería más favorable que el de Madrid. La Audiencia de Navarra, que
en un primer momento se inhibió a favor de la Audiencia
Nacional, dio marcha
atrás en marzo: estimó el recurso de los investigados, se declaró competente
para enjuiciarlo y abrió un absurdo conflicto de competencias con la Audiencia
Nacional. Esta decisión puso en bandeja a los procesados que se pidiera su
libertad, a lo que la Audiencia Nacional se negó. En los últimos días las
presiones volvían a tomar fuerza, como si los procesados supieran que el
Supremo estaba a punto de tomar una decisión. Y de nuevo, con toda la
artillería, pasaron a la acción. El
miércoles se hizo público un documento en el que 83 alcaldes navarros y vascos
firmaban un manifiesto a favor de que el caso Alsasua se juzgara en Pamplona.
Entre los firmantes destacaba la firma del alcalde de Pamplona, así como de sus
homólogos en las tres capitales vascas. El jueves una delegación de Podemos
llevaba al Parlamento Europeo el asunto y, manifiesto en mano, recogía firmas
de eurodiputados. El ridículo, claro, fue estrepitoso porque mientras ellos
clamaban por “la justicia”, el Tribunal Supremo daba carpetazo al conflicto de
competencias y determinaba que la Audiencia Nacional debía juzgar el caso.
El Supremo dice en su auto que ve indicios de
terrorismo, coincidiendo con la denuncia de COVITE, y hace referencia a que los
agresores pertenecían a organizaciones que han protagonizado “actos reiterados
de protestas, presión y hostigamiento contra los agentes y sus familias”. De
hecho, como COVITE explica en su denuncia, estos actos se remontan a la campaña
de ETA Alde Hemendik. En un documento, incautado en la sede de Gestoras pro
Amnistía en Pamplona, ETA daba instrucciones a los suyos sobre cómo actuar
contra las “fuerzas opresoras”:
“La guerra psicológica tiene que ser una de las bases de la lucha contra la represión; hay que recuperar la tensión de la presión social y multiplicar las consecuencias del “síndrome del norte” (lee la letra y los comentarios).
La decisión del Supremo trae cordura a un caso
marcado, hasta ahora, por un juego sucio en el que han participado a cara
descubierta cargos políticos e institucionales de primer nivel. Estoy segura de
que nos quedará algún episodio indignante por presenciar.
COVITE, entre tanto, seguirá trabajando y dejando trabajar a la justicia.
COVITE, entre tanto, seguirá trabajando y dejando trabajar a la justicia.
Consuelo Ordóñez Fenollar es presidenta del
Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
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