martes, 6 de junio de 2017

'Dietas Barcos' y 'Caso Alsasua'


Quiero dar la enhorabuena a Ignacio Murillo, director de Navarra.com, por el archivo de la querella que Barcos (¡qué hipocresía!) interpuso contra él por los artículos sobre las dietas. Según el juez, esos artículos "no es que sean veraces, es que son ciertos y han quedado documentalmente probados" (Ver noticia).
También en el 'tema Alsasua', el Supremo ha traído cordura a un caso marcado por el juego sucio (otro tipo de corrupción) al que se han prestado, de forma indigna, cargos públicos. 
Nos lo cuenta Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio -asesinado por ETA- y presidenta de Covite.

El juego sucio del ‘caso Alsasua’                                Consuelo Ordóñez
Horas después de que el pasado 15 de octubre una multitud agrediera a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua, COVITE decidió interponer una denuncia en la Audiencia Nacional para que lo ocurrido se juzgara como un delito de terrorismo. La presencia de cuatro miembros de este Colectivo en la localidad para plantar cara a los radicales contribuyó, sin duda, a que la denuncia ganara fuerza. Desde entonces, hemos asistido a un espectáculo de auténtico juego sucio. Algunas escenas, por desgracia, no nos han sorprendido: ver a centenares de personas manifestándose en las calles a favor de los agresores es sólo la prueba de que la radicalización ha cuajado en la sociedad navarra, como en la vasca, y de que una vez más los que protagonizan una estrategia de acoso y derribo contra las Fuerzas de Seguridad siguen siendo héroes para muchos ciudadanos. Como antes. Como casi siempre, desde que tenemos memoria. 
Típico-tico-tic cuando va a soltar una gorda
Sin embargo, no lo habíamos visto todo. Determinadas fuerzas políticas que parecen no entender el principio de separación de poderes se han empleado a fondo en presionar a la justicia. Hemos visto cómo miembros del Gobierno de Navarra, de Podemos y hasta del PSOE, sin olvidar al alcalde de Pamplona, acudían a una marcha en Alsasua pidiendo la libertad de los agresores. Hemos visto cómo Podemos decidió celebrar el día de Navarra en Alsasua para mostrar que no había “ningún problema de convivencia”. Y hasta la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha declarado que tenía “muy claro” que lo ocurrido en Alsasua no era un caso de terrorismo. 
Todas estas actuaciones han tenido un vistoso compañero de viaje: la Audiencia de Navarra. Los procesados y el coro de partidos políticos que los secundan han pedido machaconamente que el caso se juzgara en Pamplona. Con ello perseguían que no se les procesara por un delito de terrorismo y jugaban con la intuición de que el ambiente en la capital navarra les sería más favorable que el de Madrid. La Audiencia de Navarra, que en un primer momento se inhibió a favor de la Audiencia
Nacional, dio marcha atrás en marzo: estimó el recurso de los investigados, se declaró competente para enjuiciarlo y abrió un absurdo conflicto de competencias con la Audiencia Nacional. Esta decisión puso en bandeja a los procesados que se pidiera su libertad, a lo que la Audiencia Nacional se negó. En los últimos días las presiones volvían a tomar fuerza, como si los procesados supieran que el Supremo estaba a punto de tomar una decisión. Y de nuevo, con toda la artillería, pasaron a la acción.  El miércoles se hizo público un documento en el que 83 alcaldes navarros y vascos firmaban un manifiesto a favor de que el caso Alsasua se juzgara en Pamplona. Entre los firmantes destacaba la firma del alcalde de Pamplona, así como de sus homólogos en las tres capitales vascas. El jueves una delegación de Podemos llevaba al Parlamento Europeo el asunto y, manifiesto en mano, recogía firmas de eurodiputados. El ridículo, claro, fue estrepitoso porque mientras ellos clamaban por “la justicia”, el Tribunal Supremo daba carpetazo al conflicto de competencias y determinaba que la Audiencia Nacional debía juzgar el caso. 
El Supremo dice en su auto que ve indicios de terrorismo, coincidiendo con la denuncia de COVITE, y hace referencia a que los agresores pertenecían a organizaciones que han protagonizado “actos reiterados de protestas, presión y hostigamiento contra los agentes y sus familias”. De hecho, como COVITE explica en su denuncia, estos actos se remontan a la campaña de ETA Alde Hemendik. En un documento, incautado en la sede de Gestoras pro Amnistía en Pamplona, ETA daba instrucciones a los suyos sobre cómo actuar contra las “fuerzas opresoras”: 
“La guerra psicológica tiene que ser una de las bases de la lucha contra la represión; hay que recuperar la tensión de la presión social y multiplicar las consecuencias del “síndrome del norte” (lee la letra y los comentarios). 

Distintas organizaciones han recogido hoy el testigo de esa campaña. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao el año pasado prueba que dicha campaña sigue vigente a través de organizaciones como, precisamente, Ospa, a la que pertenecían algunos de los detenidos. 
La decisión del Supremo trae cordura a un caso marcado, hasta ahora, por un juego sucio en el que han participado a cara descubierta cargos políticos e institucionales de primer nivel. Estoy segura de que nos quedará algún episodio indignante por presenciar. 
COVITE, entre tanto, seguirá trabajando y dejando trabajar a la justicia.  
Consuelo Ordóñez Fenollar es presidenta del 
Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)

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