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martes, 23 de junio de 2015

Luis Portero: Contra la impunidad


Siete jefes etarras denunciados por 193 muertes sin resolver
La Fundación Luis Portero quiere que se les responsabilice con la legislación internacional
Cinco de esos siete miembros de las cúpulas entre 1977 y 1983 están en libertad

Bajo el mandato de siete terroristas, ETA perpetró 327 asesinatos entre los años 1977 y 1983, 192 de los cuáles continúan hoy en la más absoluta impunidad. A estas alturas, el Estado desconoce quiénes fueron los miembros de la organización terrorista que acabaron de forma directa con las vidas de esas 192 personas. Sin embargo, el Estado sí sabe las identidades de las personas que durante ese periodo de tiempo «marcaron las líneas políticas y militares de la organización, coordinaron la lucha armada y controlaron a sus miembros legales e ilegales». La Fundación Luis Portero ha solicitado a la Audiencia Nacional que siete jefes de ETA respondan -«responsabilidad por el mando»- por esas muertes sin autor declarado o confeso, cinco de los cuales se encuentran en estos momentos en libertad.
Precisamente, uno de estos dirigentes, Pakito, es uno de los terroristas acogidos a la vía Nanclares, el procedimiento al que se sumó un grupo de unos 20 etarras para salir antes de prisión a cambio de renunciar a ETA. Entre las condiciones para disfrutar de los beneficios penitenciarios que otorga esta vía estaría, precisamente, la de ayudar a la Justicia a, entre otras cosas, resolver asesinatos cuya autoría es desconocida. Aunque ninguno de los terroristas adscritos a la solución Nanclares ha prestado colaboración alguna en este sentido y esta circunstancia no ha impedido que hayan obtenido permisos de salida.

¿ETA luchó contra la Dictadura? Ya, ya
En definitiva, puestos a hacer cuentas terribles, de los 858 asesinatos de ETA, 379 están todavía sin resolver, 192 de ellos corresponderían a las cúpulas dirigidas por los siete y 187 caerían sobre las espaldas del resto de los dirigentes. De modo que, según los autores de la querella, «ellos acumulan más impunidad que todas las demás cúpulas de ETA».
La Fundación Luis Portero ha aportado al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, por primera vez, el listado cronológico de todos los asesinados en aquellos seis años, desde el guardia civil granadino Antonio Hernández Fernández-Segura, muerto el 8 de octubre de 1977 en Guernica; hasta el empresario Francisco Javier Collado, asesinado en Cegama en diciembre de 1983.
Los querellantes se han centrado en estos siete terroristas porque consideran que ellos eran los responsables de la organización en la época en la que ETA perpetró el crimen que desencadenó su denuncia por actos de genocidio y lesa humanidad contra la banda: la «persecución», la «expulsión forzada» y el «asesinato selectivo» de Luis María Uriarte Alza, ex alcalde de Bedia, ametrallado en 1979. Un crimen que quedó prescrito sin que se supieran los autores directos. Aunque no descartan ampliar el listado de responsables.
En el escrito presentado en la Audiencia, la Fundación recuerda que «tales 192 asesinatos impunes -perpetrados como el resto bajo la política de los querellados y realizados por ejecutores fungibles bajo su mando jerárquico y vertical- son, en todo caso, posteriores a la previa ratificación por parte de España en abril de 1977 de la cláusula dirigida a impedir la impunidad de los peores crímenes rechazados por la comunidad internacional, entre ellos los de lesa humanidad, incluida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966 y del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950».
El letrado Miguel Ángel Rodríguez argumenta que la jurisprudencia desarrollada a lo largo de 20 años por el Tribunal Europeo aporta hasta ocho resoluciones favorables para asuntos de idéntico jaez.
Una de esas resoluciones es más conocida como el caso de los tiradores del Muro de Berlín. Partiendo de la base de que la vida es el «valor supremo», el Tribunal Europeo «se negó a dejar en la impunidad a los, al menos, 136 seres humanos asesinados en el Muro sin responsables penales, al amparo de la legalidad de la antigua RDA, lo que permitió la condena de sus altos responsables», se señala en el escrito. Entonces, el Estado alemán ni siquiera había aceptado esa parte de la convención; a diferencia de España, que sí lo hizo.
La Fundación ha solicitado que los distintos juzgados de instrucción informen sobre el estado de los procedimientos de los 192 asesinatos sin resolver y que las Fuerzas de Seguridad documenten quiénes eran los mandos intermedios de ETA, «a fin de determinar la identidad de otros posibles responsables jerárquicos».
Ángeles Escrivá. Periodista de El Mundo

1 comentario:

Echenique dijo...

Algunos ya no quieren acordarse de las condenas de otros tiempos. Otros no queremos que la impunidad tenga la última palabra. La paz se construye desde la verdad, no desde la mentira, la falsedad, el silencio o el ocultamiento.