
Dicho lo anterior, y con independencia del
juicio que pueda merecernos la actuación política del Conde de Rodezno, lo
cierto es que a Tomás Domínguez de Arévalo no sólo se le ha privado del
reconocimiento otorgado por otra Corporación pamplonesa, sino que para
justificar políticamente tal decisión, al margen de las explicaciones oficiales,
no se ha dudado en vulnerar gravísimamente su honor. La prensa aberzale de aquí
y de allí ha divulgado a los cuatro vientos que con esta decisión “Iruñea pone fin al agravio a 50.000 fusilados por el Conde de Rodezno” en su condición de
ministro de Justicia durante la guerra civil. Y esto es absolutamente falso.
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Fusilamiento realizado por las tropas nacionales contra dos combatientes republicanos |
Puesto que el alcalde Asirón suele dar
lecciones de historia, no tiene ninguna excusa para desconocer que el Conde de
Rodezno, uno de los políticos más relevantes del carlismo navarro en la primera
mitad del siglo XX, fue ministro de Justicia entre enero de 1937 y septiembre
de 1938, pero no firmó ni una sola pena de muerte por la sencilla razón de que
tras la proclamación del estado de guerra se atribuía a la jurisdicción militar
el enjuiciamiento de los llamados delitos sujetos al Código de Justicia Militar.
Los juicios sumarísimos se sustanciaban ante Consejos de Guerra, integrados por
militares, cuyas sentencias se sometían a la ratificación del correspondiente capitán
general y si eran de muerte debían contar, además, con el “enterado” del
general Franco como jefe supremo del ejército. Todo ello sin intervención alguna
del ministro de Justicia. (Por si desconfía de mi rigor histórico le recomiendo
la lectura del trabajo publicado por el que fue Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez
Villarejo, elegido eurodiputado en las listas de Podemos, titulado “La destrucción del orden republicano”, en Revista Hispano Nova, nº 7, año 2007). Es como si se acusara al histórico político nacionalista Manuel de Irujo de
haber firmado todas las ejecuciones ordenadas y ejecutadas por los tribunales populares
en la zona republicana en el tiempo en que fue ministro de Justicia del
gobierno del socialista Juan Negrín en 1937.
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