"¿La Fiscalía de quién depende, de quién depende? ¡Pues ya está!". Fue la única verdad que ha dicho este sinvergüenza. No hace falta ninguna prueba más para saber que el fiscal general del Estado actuó contra la pareja de Ayuso por "indicaciones" de Presidencia.
El juez procesa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso
El Supremo también imputa a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y les sitúa a un paso de sentarles en el banquillo
Apunta a que Ortiz actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y señala su actitud "frenética" para "ganar el relato"
Por ROCÍO GIL GRANDE RTVE 09/06/2025
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, el magistrado deja a García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo, lo que conllevaría su inhabilitación en una situación inédita en la historia democrática, en la que ningún fiscal general ha sido procesado. Y lo hace basándose principalmente en la filtración del email donde Amador se ofrecía a reconocer delitos contra la Hacienda Pública para pactar con la Fiscalía. Hurtado cree que el fiscal general actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público.
El auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, ve indicios de que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación (El Plural) contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado de González Amador al fiscal del caso que se seguía contra éste. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una "conversación privada" entre letrado y fiscal que está sujeta a "criterios de reserva y confidencialidad".
Así, da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
Una actitud "frenética" para "ganar el relato"
El juez presume como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales", el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
Añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con Pilar Rodríguez minutos después, tras la cual ésta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle por encargo de García Ortiz que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo.
Entre esos correos, que Rodríguez facilitó a García Ortiz, figuraba uno de 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. Dicho correo, según indica el auto, concluía diciendo: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaskareproducir video01.22 minLa cronología de la investigación a García Ortiz: siete meses que comenzaron con la querella de González Amador
Publicidad previa en los medios al comunicado de la Fiscalía
El auto del instructor señala que “la finalidad" de solicitar estos correos era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico particular, no oficial, de Álvaro García Ortiz, tal y como él le había indicado y así hizo Rodríguez.
Todo ello, según el magistrado, para que García Ortiz, con la colaboración de Rodríguez, acabara facilitando dichos correos a la Cadena Ser "para que le diera publicidad" y "conscientes ambos" de que revelaría el confidencial contenido de ese correo, "lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”.
Dicho medio, prosigue Hurtado, añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas.
La elaboración del comunicado de la Fiscalía de Madrid
A raíz de todo esto, prosigue el auto, García Ortiz "se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a Pilar Rodríguez, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024”.
La resolución agrega que, paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el citado correo, "se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid" en contra de Ayuso.
El instructor subraya que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía”. “Además, añade el juez, la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución.
En el auto, el magistrado ve "relevantes" los indicios conseguidos en virtud de los dos autos de entrada y registro de 30 de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid y el acopio de material informático y dispositivos móviles intervenido en los mismos. También en declaraciones de los investigados y las testificales. Y señala además la evidencia de que el propio García Ortiz había borrado toda la información que contenían sus dispositivos, convirtiendo la diligencia relativa a su dispositivo en inocua.
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