La ingenuidad de Lambán

Consuelo entrega en 2015 a la Fiscalía General el libro "Agujeros del sistema", que relata gravísimas irregularidades en decenas de investigaciones.

Hablábamos ayer de cómo Javier Lambán, desde la Diputación de Zaragoza, ayudó a la edición del libro "Francisco de Val. Vida, Poesía y Música", por lo que le estaré eternamente agradecido. 

Y al final de la entrada reproducíamos el último artículo que escribió, un artículo póstumo, ya que fue publicado una vez fallecido. Javier Lambán murió, pues, con las botas puestas.

He dejado para hoy una crítica obligada a un calificativo que, ingenuamente, regala Lambán a jueces y fiscales y otra critica a la ausencia en su discurso de Navarra, siempre pieza codiciada por ETA.

Hasta el final, con las botas puestas

"Fue una batalla (la batalla contra ETA) ganada por el Estado de derecho, con la eficacia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; con el gran trabajo de jueces y fiscales; con la altura de miras que casi siempre demostraron los políticos, con Pérez Rubalcaba a la cabeza; con una sociedad vasca (y navarra) extorsionada, obligada a emigrar; con una sociedad española presa con frecuencia del miedo pero confiada en el buen hacer del Estado; con el dolor de las familias de las personas asesinadas y, por encima de todo, con las víctimas, con quienes perdieron la vida, a las que no dudo en calificar como verdaderos mártires de la democracia".

El olvido de Navarra o, peor aún, que nos meta subrepticiamente en "sociedad vasca", es muy lamentable. 

Una Justicia contra ETA de "Todo a 100"

Pero aún lo es más el piropo gratuito al "gran trabajo de jueces y fiscales".

Consuelo Ordóñez ha denunciado con nombre y dos apellidos a jueces que abrieron y cerraron un sumario en el mismo día.

En 2014 (hace ya 11 años) publicó Juanfer F. Calderín un libro cuyo título lo dice todo: "Agujeros del sistema: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver". Las conclusiones son demoledoras:

En España sigue habiendo 379 asesinatos no resueltos cometidos por el grupo terrorista ETA. Esto significaría que no se ha juzgado casi la mitad de los asesinatos perpetrados por ETA (el 44 %, concretamente). España ha incumplido su deber de llevar a cabo una «investigación oficial, eficaz e independiente», lo que significa que no ha procesado a los autores ni indemnizado a las familias de las víctimas.

Aquí tenéis un buen artículo de El Mundo, de hace ya 10 años, sobre este libro

TERRORISMO 'Agujeros del sistema'

Los 'errores' de la Justicia frente a ETA

Un libro descubre las 'negligencias' que han dejado más de 300 asesinatos sin resolver

Sumarios cerrados en un día, expurgados, pruebas desechadas... también en los años 90

Una frente a otra, las placas de Oyaga y Vidaurre

                                   LEYRE IGLESIAS El Mundo 08/02/2015

Pamplona, 1 de mayo de 1980, tres de la madrugada. Dos amigos, José Oyaga Marañón -49 años y tres hijos- y Jesús Vidaurre Olleta -34 años y cuatro críos-, terminan sus copas y deciden irse casa. No llegan. Tres personas se les acercan y dos les disparan en la nuca. Mueren en el acto. ETA dice que esa «eliminación física» forma parte de su campaña moral contra el «mundillo de la droga». Unos años después, miembros del comando Iruña Artapalo confiesan su autoría y explican el atentado con pelos y señales. Pero esas diligencias jamás se incorporan al sumario. El caso no llega a la Audiencia Nacional y un juzgado de Pamplona, sin competencia para ello, lo cierra. El doble crimen prescribe.

Es una cuenta del rosario de «negligencias», «errores» y actitudes de «desidia» que pueblan las 382 páginas de "Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver" (Ikusager, 2014), una investigación desgarradora en la que el ex periodista de EL MUNDO Juanfer F. Calderín pone el dedo en una llaga muy poco conocida. «Más de 300 personas fueron asesinadas por fantasmas debido en gran medida a una impensable red de graves errores del Estado de derecho», subraya, «y no a la pericia criminal de los terroristas». En ocasiones la Justicia puso empeño en resolver los atentados, aunque no lo logró. Otras veces, «la Administración no actuó como debía» -despachó los crímenes rápido, incluso «en apenas 24 horas»-. En otras ha reinado la impunidad «por la mala coordinación existente entre la Justicia y las Fuerzas de Seguridad»: asesinatos con indicios, pruebas, detenidos y hasta confesiones en manos de la Guardia Civil que jamás llegaron a la Audiencia Nacional.

La cárcel de Nanclares de Oca. Foto EITB

El estudio arrancó hace dos años (en 2013) con un enfoque concreto: intentar averiguar más de los asesinatos irresueltos que la treintena de disidentes, embarcados en la vía Nanclares, podría ayudar a esclarecer. Con el impulso de la asociación de víctimas Covite, Calderín empezó a tirar del hilo del informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sobre atentados sin condena: 314 en democracia y otros 66 en dictadura. Se sumergió en sumarios judiciales, los cruzó con cientos de documentos policiales, habló con decenas de víctimas. Se encontró con que las «sorpresas» no eran anecdóticas. Cotejó sus datos con «jueces, fiscales, destacados miembros del estamento policial...». Unos y otros intuían que en los 70 y 80 «habían podido producirse errores» por el ingente trabajo que suponía afrontar la frenética barbarie de ETA. Lo que no imaginaban», matiza, era que esos «descuidos» llegaban hasta los años 90.

La FN Browning modelo 1935 Hi-Power que se usó
en 14 atentados con 18 víctimas mortales CRÓNICA

Un ejemplo: Miguel Paredes García y Elena Moreno Jiménez, un joven matrimonio al que el 6 de abril de 1990 un desconocido asesinó a tiros en el centro de San Sebastián. ETA les acusó de ser toxicómanos; así lo recogió la prensa. Sólo ahora se sabe que la autopsia descartó cualquier rastro de estupefacientes. También que la Audiencia Nacional cerró el caso menos de seis meses después y nunca volvió a reabrirlo, a pesar de que la pistola que sirvió para matarlos fue la misma que ETA utilizó contra el policía nacional José Ángel Álvarez mientras paseaba por el Casco Viejo de San Sebastián, un atentado por el que fueron condenados los etarras Francisco Javier Balerdi Ibarguren y Jesús María López González. La coincidencia del arma figura en un informe policial, en balde. El caso prescribió.

Consuelo vs Lasarte

También son llamativos los expurgos ("expurgar" significa destruir, borrar o tachar registros o información, en este caso, de un sumario). El libro documenta hasta siete sumarios destruidos por ser considerados inútiles. El del periodista José María Portell, asesinado en 1978, fue eliminado en 2008; ni siquiera por la Audiencia Nacional, sino por un juzgado de Bilbao.

Algunas dudas son más recientes. El autor transcribe la entrevista que mantuvieron en prisión Consuelo Ordóñez y Valentín Lasarte en la cual el miembro de la vía Nanclares le confiesa que «había más gente» que los etarras ya condenados vigilando a su hermano Gregorio, el dirigente popular asesinado en 1995. Ordóñez pidió la grabación a Instituciones Penitenciarias: le dijeron que estaba «borrada»; luego le reconocieron que no lo estaba, pero que era «secreta». El juez Santiago Pedraz ha reclamado ahora la grabación después de que la familia haya logrado la reapertura del caso.

El libro, que se presenta en Madrid el día 19, está prologado por Maite Pagazaurtundúa. Lo cierra el catedrático de Derecho Internacional Carlos Fernández de Casadevante: en su opinión, los tribunales europeos deberían juzgar a España por su «responsabilidad» en todos estos crímenes sin resolver.

CARRERO BLANCO, EXPEDIENTE PERDIDO

Entre los 858 crímenes de ETA hay un puñado que 'no existe'. Son los expedientes judiciales de 34 asesinatos cometidos en la dictadura, antes de la ley de amnistía de 1977. Uno es el de Luis Carrero Blanco. El entonces presidente del Gobierno voló por las aires en el atentado que más fama dio a la primera ETA. Fue el 20 de diciembre de 1973 y se llamó 'operación Ogro': cerca de 100 kilos de explosivos activados al paso del coche de Carrero Blanco acabaron con su vida y con las del inspector de Policía José Antonio Bueno Fernández y el conductor del vehículo, José Luis Pérez Mogena. Entre 2011 y 2014 funcionarios de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional hallaron otros 32 sumarios de aquella época que también se encontraban extraviados entre montones de papeles, mezclados con casos de accidentes de tráfico, robos o violaciones.